Blanqueo secreto y con mordaza
El artículo 85 del proyecto de Sinceramiento Fiscal prevé la aplicación del Código Penal y penas de hasta dos años de prisión a quienes divulguen información sobre el blanqueo.
Narcotraficantes, tratantes, evasores, corruptos, represores que hayan expatriado el beneficio de su accionar durante el genocidio; y claro está, empresarios y funcionarios que solo hayan fugado al exterior.
Todos pueden continuar el festejo que empezaron la semana pasada, cuando se conoció el proyecto de ley de blanqueo enviado al Congreso de la Nación por Cambiemos.
El proyecto del autodenominado Régimen de Sinceramiento Fiscal incluye además un artículo que es, directamente, un ataque a la libertad de expresión y a la función de denuncia que debe cumplir el periodismo.
El artículo 85 del proyecto plantea la posibilidad de aplicar el Código Penal a quiénes difundan información ligada al blanqueo. Se trata de una clara medida de amordazamiento de la prensa para garantizar la impunidad para todo tipo de negociados ilegales ocultos tras la repatriación.
El artículo en cuestión afirma en su último párrafo que “los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los declarantes del Título I del Libro II de la presente y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”.
Aunque no se haga explícito, la figura de “terceros” puede ser aplicada contra el periodismo en el sentido más amplio de este término. Como señala
en su b
log el investigador Martín Becerra, “la redacción del proyecto es tan descabellada que, por ejemplo, si uno de los sujetos que participen del blanqueo decidiera contar a un periodista que parte de esos fondos fueron obtenidos de manera ilícita, si el periodista al investigar los hechos los conectara con otras irregularidades, eventualmente de corrupción estatal-privada (es una hipótesis) y si, protegiendo la identidad de su fuente original, lo publicara o difundiera por cualquiera de los medios de comunicación, el periodista cometería un delito penal según el proyecto de ley. Como editores responsables, además, serían acusados también los directivos y/o dueños del medio donde la información se difundiera”.
La medida es tan reaccionaria que hasta el clarinista Foro de Periodismo Argentino (Fopea) salió a rechazar el artículo, afirmando que “tal como está redactado, este artículo lesiona gravemente las libertades de expresión y de prensa y afecta el trabajo periodístico al fomentar la autocensura e instaurar la persecución penal del trabajo de informar”.
Retrocediendo en chancletas
El rechazo al artículo se extendió rápidamente también en la oposición al gobierno.
En el oficialismo las primeras respuestas fueron defensivas. En la mañana de ayer, ante una consulta en Radio Del Plata, el jefe del bloque de diputados del PRO Nicolás Massot solo atinó a decir que “ese no es el espíritu” del planteo y que no “forma parte de lo más importante del proyecto”. En ese marco, señaló que “si tenemos que revisarlo lo vamos a hacer, con el espíritu de mejorarlo y no empeorarlo”.
Por su parte, Pablo Tonelli -otro referente del PRO- contestó, desde su cuenta de Twitter, a las constantes críticas que surgieron.
