Mendoza: El Ministerio Público Fiscal explicó su “pensamiento penal” para criminalizar la protesta
En la audiencia llevada a cabo este jueves, la Fiscal Gabriela García Cobos defendió todo lo actuado y afirmó que buscarán más imputaciones.
Durante la mañana del jueves se llevó a cabo la audiencia establecida en el código procesal penal a los efectos de resolver el pedido de nulidad presentado por los abogados Pablo Salinas y Viviana Beigel respecto de los avoques e imputaciones a legisladores del Frente de Izquierda, referentes sindicales, delegados de base y al abogado de derechos humanos que se encuentran acusados por el artículo 194 del código penal por haber participado de la movilización del 6 de Abril en el marco del paro nacional convocado por las centrales sindicales.
La defensa fue muy clara tanto en sus aspectos jurídicos como políticos. La causa por la cual se pretende llevar a juicio a los imputados no pasa la prueba del mas mínimo control de constitucionalidad y convencionalidad, a la vez que vulnera los principios de razonabilidad y pro homine, y es de manifiesta arbitrariedad según explicaron los abogados.
Asimismo en el caso particular de Jonathan Neira se evidenció que en las fotografías utilizadas para su “identificación”, la persona señalada no es él, ni aparece en la misma, ya que incluso la foto utilizada no es de la movilización del 6 de abril, mostrando una grave actuación persecutoria del departamento de inteligencia criminal de la Policía de Mendoza, que incrimina a un delegado gremial perseguido por la empresa Millán, sin que el mismo haya sido siquiera mencionado o reconocido por alguno de los testigos y denunciantes que aparecen en el expediente. ¿Se trata de un simple “error material”?
Se denunció también la violación de la ley de inteligencia, toda vez que previo al avoque se tomó declaración al Comisario Inspector de la Ciudad de Mendoza, que afirmó tener conocimiento de la participación del abogado Enrique Jasid en otras manifestaciones. En el mismo acto se adjuntó una declaración de la Federación Argentina de Colegios de Abogados manifestando “toda la solidaridad de esta Mesa Directiva relacionada con la situación en que se encuentra en ocasión de ser enjuiciado criminalmente por ejercer el ministerio de nuestra profesión asistiendo a personas que se manifestaban en forma pacífica, en una jornada nacional en que movilizaciones del mismo tipo tuvieron lugar en nuestro país sin consecuencia alguna. No tenga Ud. dudas que lo acompañaremos en las distintas instancias que sean necesarias”
La Fiscalía dio un mensaje político
La intervención de la Fiscal García Cobos defendió todo lo actuado en el procedimiento, rechazando las arbitrariedades manifestas, los errores materiales de la causa en las fotos utilizadas que no se condicen con las personas imputadas en el caso de Neira, y afirmó que la investigación seguía abierta para identificar a más personas que se movilizaron ese día para poder imputarlos.
Fue un claro mensaje político. Enfáticamente defendió la utilización del artículo 194 del Código Penal, un artículo cuestionado por provenir de la dictadura de Onganía, y que contrario a lo que establece gran parte de la jurisprudencia y la doctrina, para el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza “no importa” si hay vías alternativas, si no se genera ningún peligro común, si no hay un perjuicio concreto y ni siquiera si se trata de un corte, una movilización o una concentración. Según las palabras de la fiscal, siempre hay delito ya que el 194 penaliza cualquier tipo de entorpecimiento de la "eficiencia del tránsito".
Sosteniendo esta línea, ante el planteo de la selectividad que se había utilizado para imputar a los referentes aclararon que si es necesario imputarían a todos los que puedan identificar, comparándolo con el delito de “robo en poblado y en banda” donde a pesar de que no se pueda identificar a todos los partícipes, el delito se configura como tal, poniendo en la misma analogía al robo con la participación en una movilización.
Fueron reiteradas las oportunidades donde la Fiscal explicó que lo actuado en la causa es la posición del Ministerio Público Fiscal, lo cual marca la sintonía con las declaraciones de los funcionarios del Ministerio de Seguridad que el mismo día del paro anunciaron en los medios de comunicación que pedirían el desafuero de los legisladores y la imputación de los que nos movilizamos. El mismo gobernador Cornejo posteriormente había manifestado estar “encantado” con el avance judicial contra los trabajadores y la izquierda.
En el mismo sentido la Fiscal saludó las reformas en la justicia penal de la provincia que establecieron las nuevas fiscalías correccionales, como la que tiene a cargo, cuyo fin central, tiempo y recursos está puesto en función de los supuestos delitos por manifestarse y no a investigar homicidios, robos u otos ilícitos.
De esta forma coronó sus argumentos mostrando la unidad política del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal para criminalizar la protesta social. De conjunto no deja de sorprender el nivel de politización del Ministerio Público Fiscal al mando de Gullé y Cornejo. Su objetivo en la audiencia, no fue demostrar que los hechos del 6 de Abril constituyan un delito por haber perjudicado a determinados transeuntes o automovilistas o alguna rama del transporte público, hecho igualmente difícil de demostrar por existir todo tipo de vías alternativas en el lugar. Sino una firme decisión de solicitar a la justicia un claro precedente que indique que movilizarse por las calles es un delito, sea por la causa que sea.
