El fallo de la Corte puede ser equiparado, por sus consecuencias, a los indultos del menemismo.
Bronca, dolor, indignación. Pueden ser solo las primeras palabras que miles sentimos ayer al conocer el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de la Nación. Fallo de la vergüenza. Corte de la vergüenza como la definió Myriam Bregman. Por las consecuencias que tendrá, podríamos compararlo con los indultos de Menem que consagró la impunidad de los genocidas, ya otorgada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín. Podemos definirlo como un indulto encubierto, que si bien se aplica en este caso, sienta precedente para garantizar la libertad de todos los genocidas.
Sin duda un fallo, que junto a los jueces de la Corte que lo firmaron, pasará a la historia por atreverse a enfrentar la lucha que miles y miles venimos dando en las calles para encarcelar a los asesinos de nuestros familiares.
El genocida sobre el que trata este fallo es Luis Muiña, condenado por secuestros, torturas y desaparición contra trabajadores del Hospital Posadas. Allí donde funcionó un centro clandestino de detención, donde se torturó, asesinó y desapareció a trabajadoras y trabajadores del mismo hospital, y vecinos de la zona. Muiña era civil y formaba parte del autodenominado grupo “SWAT”, un comando interno del Hospital. Recorrían las instalaciones deteniendo y torturando a trabajadores y vecinos, muchos de los cuales siguen desaparecidos. Por esto fue condenado en 2011 a la pena de 13 años de prisión.
A este genocida, la Corte aprobó por mayoría otorgarle el cómputo 2x1, basándose en la Ley 24.390 que estaba vigente en el período 1994 y 2001, que intentaba paliar la situación de presos comunes que padecen larguísimas prisiones preventivas sin sentencia.
A Muiña se le aplicará la ley del “dos por uno”, pese a que no estaba vigente ni cuando ocurrieron los hechos por los que fue condenado, ni cuando fue detenido.
Este fallo netamente político a favor de la impunidad, es un mamarracho jurídico porque estamos hablando no de delitos comunes sino de delitos de lesa humanidad perpetrados por el aparato del Estado.
El voto mayoritario plantea como “permanente” el carácter del delito por ser de “lesa humanidad”, para establecer que la ley del dos por uno estuvo vigente. Una aberración para justificar la aplicación de esta medida.
“Se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso”, sostiene el voto coincidente de Highton y Rosenkrantz, que conformaron la mayoría junto con Rosatti.
Esta nueva Corte, que acompaña las políticas del Gobierno nacional, se conformó el año pasado con la incorporación de Rossati y Rosenkrantz, cuyo nombramiento no hubiera sido posible sin el inestimable apoyo en el Senado del bloque mayoritario del PJ-FpV que votó los pliegos de ambos magistrados.
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